La conexión entre Amaro Pargo y José Cañas y Merino, gobernador de Venezuela, plantea un dilema que subraya las contradicciones del poder en el siglo XVIII. Cañas y Merino fue nombrado gobernador en 1707, pero no asumió el cargo hasta 1711, el mismo año en que otorgó la patente de corso a Amaro Pargo.
Durante su tiempo como gobernador, que se extendió hasta finales de 1714, Cañas y Merino acumuló numerosas acusaciones por conductas indebidas, incluyendo la humillación pública de mujeres a quienes sometía a métodos indignos para determinar su virginidad. Estas acciones generaron un profundo escándalo, no solo entre la población local sino también en los círculos políticos y administrativos de la Corona española. A pesar de su posición de poder, su conducta desmedida finalmente lo llevó a ser encarcelado y engrilletado, siendo enviado a España, donde murió al año siguiente, en 1715.
Para Amaro Pargo, recibir su patente de corso de manos de un hombre tan controvertido debió ser un acto cargado de ambigüedad. Aunque la patente la consiguió tras la toma de posesión de Cañas, y apenas se le conocía aún por aquellas tierras, esta patente era esencial para Amaro, pues le ayudaría a legitimar sus acciones en alta mar y consolidarse como “defensor” de las costas del imperio español, o así lo quiso reflejar con dicha patente. Sin embargo, el vínculo con un gobernador corrupto como Cañas y Merino inevitablemente arroja una sombra sobre las circunstancias en las que Pargo obtuvo su patente, si uno lo analiza a posteriori.
Este dilema resalta la complejidad del mundo en el que operaba Amaro Pargo. La caída de Cañas y Merino a finales de 1714, apenas tres años después de conceder la patente, pone de manifiesto la fragilidad y las contradicciones de las instituciones que sostenían el poder en los territorios ultramarinos.
Es posible que Amaro, un hombre práctico y astuto, viera a Cañas y Merino como una herramienta del sistema más que como un aliado personal. Después de todo, Pargo tenía su propia agenda: proteger las rutas comerciales, enriquecerse a través del corso y consolidar su posición tanto en Canarias como en las nuevas provincias de ultramar. En este sentido, aceptar la patente del gobernador no implicaba necesariamente una aprobación de sus métodos, sino una decisión estratégica para alcanzar sus propios fines.